¿En defensa de SUCAMEC? (¿O, en defensa de una administración eficiente?)

Voy a tratar de hacerme la idea que lo único que funciona en el tema de control de armas, es hacerlo eficiente. Esto último significa formalizar el registro de armas, y dotarlo de cierta coherencia; por otro lado, también significa imaginar que la medida va a producir resultados en el mediano o largo plazo, y no creer cándidamente – como el ideólogo de un burócrata que quiere llevar agua para su molino –, que un control eficiente va a rendir frutos con la eficiencia de un “tronar de dedos”.

Y es que es verdad: la regulación de armas es parte del control de la seguridad dentro de un Estado; pero si es ineficiente, si se apoya en “cantos de sirena”, o si sólo se “mira el ombligo”, entonces simplemente tendremos más de lo mismo. Y en vez de cerrar el camino al aprovisionamiento de armas ilegales por la delincuencia, habremos simplemente como dice el dicho “reemplazado mocos por babas”.

Supongamos por un momento que parte de los cambios establecidos por SUCAMEC desde tiempos del 2012 podrían haber funcionado (de haber sido adecuadamente encausados),  antes de haber generado el “cuello de botella” que todos conocemos, y en donde por querer generar un registro «racional» de las armas civiles en el país, se produce el efecto contrario. Simplemente se genera un “incentivo perverso” a no formalizar por la tramitología extrema en que incurrió SUCAMEC, motivando a que el usuario legal desconfíe del Estado, y simplemente no quiera renovar el registro/permiso un arma obtenida legalmente – por no saberse inmerso en una “ordalía burocrática” -, o reventarse el hígado. Muchos usuarios de armas legales «tiraron la esponja» y cedieron, de tal forma que tomaron la opción de entregarla al Ministerio del Interior, para que después sea “donada” a la policía (por “abandono”, y para que un Ministro del Interior se arme unos puntos dándola a la policía), o para que sea en caso contrario sea fundida, y que sirva para la foto de algún otro burócrata que está – o se encuentra –, tratando de “armarse” otra vez más unos puntos a través de una web institucional.

Tratando se ser crudo, es verdad: en los últimos 25 años los sistemas de registro de usuarios  en la antigua DISCAMEC, los procesos de obtención de permisos, o hasta el tema de lucha contra la corrupción no habían ido del todo bien. Por otro lado, el escenario que enfrentamos ahora es diferente al de la violencia política de los años ochenta: en tiempos de Sendero y el MRTA, el Estado había rebasado su capacidad de proteger al ciudadano, y por lo mismo los requisitos de obtención de permisos de portar armas bajaron la valla (y era lógico que así fuera en ese contexto).

En la actualidad parte del problema es similar: el escenario de violencia delincuencial ha rebasado la capacidad del Estado, y los civiles – otra vez –  demandan armas legales al Estado para defenderse. Poner requisitos de parte del Estado no está mal ante un nuevo escenario de inseguridad. Lo que sí está mal era revestirlos de burocracia, al punto que entre el 2012 y el 2016 debido a la gestión de SUCAMEC, la ciudadanía no interpretaba el control de armas como un intento de mejorar la administración, sino como una campaña encubierta de desarme (alineada con los procesos de desarme que gobiernos de coyuntura de izquierda en la región aplicaron en su momento, en cada una de sus coyunturas particulares).

¿Perú tiene los mismos problemas de Venezuela, Argentina, Brasil o el llamado “Triángulo Centroamericano”? Mi respuesta es “sí” y “no”: «SÍ» por haber pasado de una amenaza de seguridad como los típicos grupos alzados en armas de tiempos de la Guerra Fría a un nuevo protocolo: una delincuencia común hiper – cebada, hiper – fortalecida, con gran cantidad de recursos, comportamiento en red, y con un poder corruptor al Estado y las fuerzas de Seguridad que en el caso peruano Sendero o el MRTA jamás podrían haber soñado tener en sus mejores momentos. «NO» porque el escenario de la violencia relacionada a armas civiles en Perú, no sigue el escenario de El Salvador y Honduras con las Maras, Brasil con las Favelas, o Argentina con la delincuencia y el tráfico de drogas en las  “Villas – Miseria”, o que en la Venezuela Bolivariana con sus “comunas”, su CAVIM, y sus armas en poder de milicias armadas. La respuesta es “No”: «NO» es igual.

En Perú era necesario dejar bien claro que quienes tenían antecedentes por un delito doloso (no hablo de faltas, una denuncia policial porque “me  miró mal”, o un juicio de alimentos) debían quedar inhabilitados; debía dejase bien en claro «que hacer» con las armas en poder de empresas de seguridad que al dejar de existir como personas jurídicas, «perdían» sus arsenales; debía dejarse bien claro que sí «perdías» un arma legal de puño más de dos veces, pues “había algo raro”; debía dejarse claro que una licencia de defensa no era para usarla en paralelo como “fuerza de choque” en un falso Sindicato de Construcción Civil”; había de dejarse claro que los exámenes psicológicos debían tener ciertos protocolos y criterios se seguridad, pero que no debían volverse una traba más a la formalidad de los permisos.

Sin embargo, lo que no debía hacerse era culpar a los civiles del flujo de armas ilegales – y que ellos eran la razón sine qua non del arsenal de la delincuencia –; había que entenderse que habían “porosidades” en los arsenales de la policía y las fuerzas armadas, y que en ellos también yacía peso del famoso “mercado negro”, y no querer “forzar la estadística” para SUCAMEC, “echándole el pato” únicamente al civil de ser el proveedor mayoritario de armas criminales (a ese civil al que le piden ahora más controles, y papeles que los que le pedirían a cualquier administrado en el histórico de la institución). Los administradores públicos de licencias de armas debían tener más criterio, y no hacer sólo caso a “consejeros aúlicos” que a través de “breviarios” o de las explicaciones en 2D de los manuales de desarme de UNLIREC, querían modular la implementación de políticas públicas sobre el tema armas de fuego (como si fuera algo tan simple como cambiarle de cerebro al monstruo de Frankestein, y que así solita – después de la operación -, se echara a andar la criatura, sin adaptar nada…).

Las experiencias de los planes de desarme de Australia a partir de los incidentes de active shooter de 1996; o las de Inglaterra en 1997, no han demostrado más que el reducir la tasa de homicidios por arma de fuego no reduce la tasa de homicidios en general, o la tasa de crimen violento a inocentes, y esta medida que es sólo un “chupetín”, puro efectismo. Al menos la estadística ha mostrado un lado más nefasto en el caso australiano: al desarmarse a los civiles, los índices de invasiones de domicilio por delincuentes (que no respetan los protocolos de desarme y entrega voluntaria de armas) se dispararon respecto a número de incidentes.

Cada solución al tema del control de armas es particular; y debe tomarse en cuenta respetando, los derechos civiles y constitucionales en cada Estado para medir el impacto y los daños colaterales a terceros. Para el caso particular peruano: sí creo que las políticas de control de armas no deberían ser implementada únicamente por “expertos” con diálogos de ONG desarmista (que en el mejor de los casos no saben la diferencia entre una pistola y un revólver, o un arma larga u otra cosa), sino por equipos más «mixtos», que recojan sectores de la sociedad civil de forma más activa, y proceses soluciones reales al problema, desde múltiples aristas.

Quienes están del lado de la administración deberían saber que el punto del control de armas es “flanquear” el mercado negro a los propósitos de la delincuencia, y que el control puede llegar ser efectivo si tiene alguna racionalidad.  Lo rescatable en las medidas de registro que SUCAMEC ha aplicado tendrán un efecto, pero no antes del mediano y largo plazo, y cuando que se entienda que el problema es más “amplio”, que “echarle la carga” a las armas civiles a la inseguridad, generando la percepción de un desarme encubierto.

Tal vez cuando las autoridades  superen su “erisipela política”, y quieran dejar de cambiar las lógicas de control de armas con cada incidente criminal. Cuando dejen de «corretear» a los medios, para prometer en una entrevista «burocratizar más  y más los procesos» ante un público enardecido, es que tal vez estas autoridades descubrirán que el tema ya está efectivamente regulado,  y que lo racional en las políticas de control implementadas hasta ahora, sólo rendirá frutos en el mediano o largo plazo y no antes. Querer cambiar el sentido de las cosas, sólo es buscar un “chupetín” o únicamente una solución para “té de tías”, antes que un enfoque realista al rol del control de armas de fuego en la presente crisis de inseguridad.

¿Todos los tiroteos en espacios públicos son iguales?

¿Los últimos sucesos cambian los protocolos de seguridad para los tiroteos en espacios públicos? La respuesta a esto es simplemente sí, querido lector. 

Después de haber visto en los medios de comunicación de señal abierta sobre el tema «inseguridad»,  de verdad da vergüenza ajena pensar lo que de estar enseñando en las facultades de periodismo sobre investigación, y por otro lado también ponerse a pensar que es lo que les dan a los alumnos como referentes en manejo de fuentes. A este punto, deberíamos insertar la presión de los “cierres de edición” y la necesidad de los impresos de “vender y vender”, así sea a través del recurso de aplicar como estrategia el “amarillismo”, o en el mejor de los casos el «ruido informativo».

En realidad a veces me pregunto cuales son los expertos a los que consultan. En la mayoría de los casos, imagino que tienen una suerte de lista aleatoria, en la que el primer tipo que contesta la llamada durante la confección del artículo, se vuelve “el experto” de facto  (por más que termine diciendo cualquier “barrabasada”). A veces también el problema es quien escribe el artículo, pues al adaptar la entrevista a la longitud adecuada para publicación, la termina sacando de contexto completamente.

Pero bueno, esta pequeña reflexión no es para considerarme yo un experto, aunque para sí comentar mi temor ante un artículo que leí en Perú 21 sobre el tema de «¿Cómo actuar en casos de tiroteos?».  El texto ofrecía soluciones para el escenario clásico del depredador en proceso de consumar su robo, abriéndose paso a tiros, o ante la situación límite de haberle fallado el plan, y encontrarse atrincherado tomando rehenes después de haber sido cercado por las fuerzas de seguridad.  Sin embargo, no sé si fue el artículo – o quien lo redactó –, lo que generaba confusión, haciéndome entender al leerlo que los protocolos para entender a un “active shooter” son los mismos que para un delincuente común.

Bueno… La respuesta a eso es “NO”.

En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) ha creado una serie de protocolos para entender un fenómeno como este tipo de depredador  de espacios públicos (que elige a sus víctimas de forma aleatoria, para después “autoinmo

larse”). Y la estrategia es inversa: se corre, se busca un escondite – y si se es descubierto –, no hay otra más que pelear por la vida.

No existe opción para negociar con este tipo de amenaza pública (al menos de parte de quienes ya han tenido la experiencia de enfrentarse estadísticamente más con este modelo de incidentes).

En nuestro caso, vamos ya en el primer incidente registrado (Independencia), y socialmente ya se empieza a gestar una paranoia en espacios públicos terrible (que es aprovechada por algunos para verter miedo en la población).

Les comparto esta serie de vídeos sobre protocolos de acción en el caso de un active shooter y sobre que hacer en caso de un tiroteo.

Pido disculpas porque algunos de ellos sean en inglés, pero espero que al menos la información visual sirva, para saber que hacer.

En el caso de un tiroteo provocado por delincuentes comunes, estas son recomendaciones para protegerse que da Roberto Zubiate – especialista peruano en seguridad personal -, ante un noticiero local.

¿ES POSIBLE REALMENTE ELIMINAR LA POSIBILIDAD DE OTRO TIROTEO COMO EL DE INDEPENDENCIA?

¿Cuáles son las características de un “Active Shooter”? Al menos siendo el fenómeno parte del patrimonio de los EEUU, el Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security Department) señala que el evento provocado un depredador urbano de este tipo es caótico, evoluciona rápidamente, y no hay o es casi imposible una respuesta de las fuerzas de seguridad a tiempo. Los protocolos se reducen a tres puntos: correr, esconderse – y si es que uno es encontrado por el tirador –, pelear. En otros espacios del mundo occidental – como por ejemplo Europa –, los incidentes con tiradores más están ligados al terrorismo/ yihadismo internacional, o con las simpatías a este movimiento: basta ver los casos del tiroteo de Charlie Hebdo en Francia (Enero, 2015) o el Tiroteo de Münich del 2016 (Julio, 2016).

Existe todo un rosario de casos para este modelo de crimen violento en Estados Unidos. Para refrescar la memoria, ciertos de ellos que se vuelven hitos o referentes: Columbine (1999), Virginia Tech (2011), o el del cine de Aurora (2012).

Si vemos las cosas desde las regularidades, en la mayoría de los casos, estos individuos tienen características introvertidas, vuelcan su frustración mandando mensajes por las redes sociales, y a partir de “ahí” sueltan la ira, el sentimiento de rechazo o la enajenación. Hay cierto planeamiento del evento de la matanza, y control del espacio público del que cobrarán las víctimas, y de acuerdo al Departamento de Seguridad Interna de EEUU la tasa de confrontación con el equipo de respuesta es de 60% (el otro 40% acaba en suicidio, antes de cruzarse con el personal táctico).

Aterrizando todo esto al caso peruano. Hay que reconocerlo: los sucesos de Independencia no van ni pueden evitarse en futuro con “zonas libres de armas”, burocratizando más los requisitos de armas legales, o lanzando a la policía a cazar las armas que no han sido puestas a regularización en la amnistía de SUCAMEC (y que dicho sea de paso, son la herencia de la administración previa, que impulsó la informalidad de los administrados a punta de trabas). Tampoco el tema va a evitarse con normas de democracia censitaria a nuevas licencias de armas bajo el axioma: “si quieres defenderte, cuanto facturas es cuanto vale tu vida”. Las autoridades siguen mordiéndose la cola, con soluciones modelo para “té de tías”.

La solución es más proactiva, y tiene que venir a través de un cruce adecuado de información: una racionalidad en los test psicológicos sobre licencias de arma de fuego, un cruce de información con antecedentes penales y el registro de condenas para que quienes hayan cometido delitos dolosos no accedan a armas legales, y por último, entender que este tipo de amenaza tiene que resolverse con un nuevo modelo de protocolo de gestión de espacios públicos. Simplemente, no se puede controlar a este tipo de depredador, así sea mediante “zonas libres de armas” o la inversión en “espacios seguros”, porque la inversión en detección de armas o explosivos, “tipo embajada” sería astronómica por metro cuadrado y aforo en espacios públicos (en otras palabras, algo prácticamente imposible, ya sea para un colegio, un supermercado o un centro comercial). Ni los aeropuertos son totalmente seguros.

Otro aspecto más, que es simplemente una ley física (como la de la gravedad): este modelo de depredador no obedece reglas, y durante el tiempo en que demoran los equipos de respuesta (si no se tiene la suerte de tener cerca a un policía de franco como en Independencia) cualquier cosa puede pasar.

En EEUU el arribo de los equipos de respuesta se da en 10 – 15 minutos hasta que llegan a anular al tirador promedio; como contraparte, en el caso peruano (salvo en el caso de robo a bancos), la velocidad de respuesta de la policía para una emergencia civil/ doméstica es entre 20 a 40 minutos (varios me dirán incluso más). Tal vez esta última es una de las razones por las que muchas personas que pueden acceder, contratan los servicios de monitoreo de un privado (llámese Boxer, Prosegur o Verisure): porque, en el fondo sabemos que la policía llegará, pero en el mejor de los casos a “pasarnos la brochita”, o a “marcar nuestra silueta con tiza”, en otras palabras… demasiado tarde.

Mientras tanto, esta es la forma como la prensa peruana y la televisión de señal abierta tratan el tema. Antes de hacer un análisis más sesudo, o de dar protocolos de gestión a sus audiencias, parece que estuvieran detrás de un culebrón mediático como el infame caso “Edita Guerrero”, o como otro “reportaje chonguero” de sábado por la noche (medio en broma y medio en serio).

Ni modo, esta es una de las razones por las que si uno quiere información digna, no hay más opción que poner cable, internet de banda ancha, o televisión por streaming. Es eso, o aguantar el “inodoro informativo” de todos los días…

Reflexiones después de la “Masacre de Independencia”

Después de haberme tomado un tiempo para procesar esta noticia, siempre me había preguntado en que momento estallaría un caso de “Active Shooter” en el Perú. Sí, digo “Active Shooter” por los típicos niveles de stress/ frustración por los que una persona toma la decisión de estallar en corto circuito, hacer uso de un arma de fuego (ya sea legal -propia, irregular o vencida, o ilegal) y desatar un pandemónium donde al azar, descargue su furia contra inocentes que sólo cometieron el error de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. En otras palabras: volverse un asesino.

Las lecciones de este último caso nos muestran las mismas regularidades de tratamiento del problema: «amarillismo» en los medios, y «falso control» en las instituciones o en las declaraciones de los burócratas encargados de velar por la seguridad de los pagadores de impuestos directos e indirectos dentro del Estado (entiéndase, los ciudadanos).  En el caso particular de este incidente: la “Masacre de Independencia”, debo sacar ciertas conclusiones…

1. Las autoridades encargadas de velar por la seguridad, o administrar los permisos de armas de fuego, están tan “sensibles” que simplemente les “da la diarrea” ante cualquier incidente violento, que impacta mediáticamente. Y en este caso particular ha sido de lo más patético ver la forma como cada una de ellas se “tira la pelota”, esgrimiendo una retahíla de excusas abstrusas a la aparición de este tirador, buscando como único objetivo poner paños fríos, o trasladar la culpa al del lado, para terminar colectivamente «mirándose el ombligo».

2. Que así como la crónica roja en los años ochenta, en la actualidad existe un “amarillismo de la inseguridad” en la prensa que obedece a múltiples factores: periodistas que no investigan sobre el tema de armas de fuego, que no saben la diferencia entre una pistola o un revólver, una carabina a balines o una escopeta de un arma de airsoft; que le llaman “arsenal” a cualquier cosa, de forma indiscriminada; y que por último, con tal de obtener tribuna, se meten al cuarto que alquilaba el tirador, revuelven sus pertenencias (y se zurran olímpicamente en el respeto a la información de escena, que debería tener la policía para procesar investigaciones sobre un crimen de esta magnitud).

3. Que no existe seguridad jurídica en este país: se ha reglamentado después de mucho esfuerzo una ley de armas, en colaboración entre las instituciones reguladoras y la sociedad civil, y sin embargo capté la intención velada en algunos burócratas de querer re – evaluar, o re – editar la norma si pudieran, para «liberar culpa» ante los medios y el cadalso que les armaban por el «incidente de Independencia». Esta vez la «nueva solución» sería «adaptar» (otra vez más) una norma recientemente debatida y consensuada a un «nuevo teatro de los acontecimientos sociales», una vez que se les interpeló ante los medios de comunicación, sobre su responsabilidad (por omisión) en algo tan fortuito – y no tan fortuito – como la «Masacre de Independencia».

4. Que el medio está lleno de pseudo – expertos, a los que los reporteros llaman y rotulan como “especialistas en el tema de armas” y que en vez de una explicación racional al tema, echan más leña al fuego, trayendo más confusión a la forma como enfocar el nuevo problema: la llegada del primer “Active Shooter de Sabor Nacional”. Un problema más a nuestro querido valle de lágrimas llamado Perusalén (recordando la frase de un notorio cómico peruano).

5. Que este tema sirve de “cortina de humo” para dinámicas más complejas sobre la seguridad del Estado: como por ejemplo que el último “point” para almacenar la droga por las mafias es ahora las instalaciones de clubes militares.

6. Y que por último (esta no puedo probarla, pero un colega me la hizo notar) imagino que si el incidente hubiera pasado en Miraflores o en San Isidro, por arte de magia el control de armas en el país se volvería más vertical que con Hitler en la sociedad alemana de Weimar; y que en el mejor de los casos, de un momento a otro, nos volveríamos más regulados que en la cultura de armas de Inglaterra (que simplemente no existe).

Quería soltar estas reflexiones porque creo que la información o los enfoques vertidos hasta este momento no son los más indicados para entender el fenómeno de la irrupción de un “Active Shooter” en nuestro país. También notar que en sociedades como la de EEUU – que los produce en legiones –, ni poner más policías ni las “zonas libres de armas”, o la inversión en parafernalia de seguridad por metro cuadrado, han podido detener la progresión de este fenómeno. La única salida han sido protocolos de respuesta, en donde el ciudadano tiene que ver por su seguridad los 10 a 15 minutos que en promedio llegan las fuerzas de seguridad a neutralizar la amenaza (y en los que la víctima corre por su cuenta para cuidar de su vida hasta que llegue ayuda).

No se están viendo las razones de fondo por las que este fenómeno aparece en Perú y sobre todo que este modelo de asesino al azar, se produce en escenarios con fuerte desigualdad y con altos índices de violencia estructural: como en Estados Unidos de América.

Les dejo este vídeo sobre protocolos de reacción ante un active shooter, editado en EEUU por el Departamento de Sheriff de Los Ángeles (sé que está en inglés, pero vale la pena verlo, pues al menos la forma como reaccionar al tema es muy ilustrativa).

SOBRE PARANOIAS Y ATENTADOS TERRORISTAS EN AMÉRICA LATINA: ¿TRAEMOS A CHUCK NORRIS?

Es lógico. Como todos en las redes sociales, en este artículo de opinión van a condenarse los atentados del viernes 13 pasado en Francia, sin embargo sí hay muchas cosas que valdría la pena analizar de  este terrible episodio. Definitivamente, el saldo político de los atentados del viernes  le habrían dado al presidente Hollande de Francia el anclaje en la opinión pública Francesa para mover a su país – miembro del Consejo de Seguridad de la ONU – a una ofensiva “despiadada” (lo tomo en sus términos) contra las posiciones del Ejército del Estado Islámico en Medio Oriente. Aunque no resulta del todo lógico que los servicios de seguridad franceses de la Dirección General de Seguridad Exterior, no tuvieran algún indicio de los que se “andaba armando” para una retahíla de atentados coordinados como los de este viernes 13. Al menos los media independientes hablan de pérdidas de detonadores, granadas y kilos de explosivos de los almacenes militares, meses antes de este Noviembre, otros más radicales hablan que el Servicio de Inteligencia Exterior Alemán, el BND ya había advertido a su contraparte francesa de un posible atentado (este escenario es más grande que el tiroteo de Charlie Hebdo en enero de este año, para decir que no hubo algún indicio).

Otra vez: el problema acá no es generar una teoría de la conspiración del atentado, aunque sí generar unas reflexiones de la paranoia urbana que podría generarse, al construir en la ciudadanía del mundo occidental el temor colectivo a un ataque yihadista en cualquier país y a blancos civiles o “soft targets”, o a blancos militares e industriales o “hard targets” (y como la población civil usuaria de armas debería estar “atenta a todo”). ¿Pero como entenderíamos el formato de un atentado urbano en el mundo Occidental?: ¿Cómo el atentado de la maratón de Boston, EEUU del 15 de Marzo del 2013?; ¿Cómo el atentado y secuestro del centro comercial Westgate en Nairobi, Kenia del 21 al 24 de Septiembre del 2013?; ¿Cómo el atentado contra Charlie Hebdo en Paris, Francia del 7 de enero del 2015? (Nótese que tomo tres muestras de “soft targets”: una bomba, una crisis de rehenes, por último un tiroteo).

Tomo estos tres casos, porque existe ahora un debate en los foros de seguridad urbana sobre el rol de los civiles en una de estas crisis, y se me hace una idea en la cabeza: poco o nada se puede hacer, salvo escapar del centro del atentado. En el caso de la bomba, pues después de la explosión en la maratón de Boston no quedó más que hacer la cacería de brujas; en el caso de tiroteo de Charlie Hebdo pues los asaltantes tenían equipo táctico (por lo que parece, los atacantes eran de una rama de Al Qaeda en Yemen,  y todo fue relativamente rápido); el último de los casos, el del secuestro y toma de rehenes de Nairobi sí podría ser el único caso en el que de alguna forma, un civil, usuario y portador legal de arma de fuego, podría tratar de usar su arma para tratar de defender su vida (aunque no sin exponerse al terrible riesgo de generar un daño colateral, o “confundir el blanco”).

Digo todo esto, porque no se me ocurre un par de casos similares para entender la crisis paranoica en los foros de defensa desde este viernes 13, si no es recordando los ejemplos de los de la violencia política en el Perú , o el de una película muy conocida con un actor muy conocido, Chuck Norris en “Invasión U.S.A.” (1985). La comparación puede parecer patética, pero en el fondo he aquí la lógica: en el momento de los atentados terroristas de Sendero, o cuando a Sendero lo perseguía la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) y había un tiroteo callejero, no había forma de discriminar donde estaban los senderistas o donde estaban los policías de la DIRCOTE  por los civiles que se hallaban en medio (y hubieron terribles confusiones en esos años). El segundo caso, el de la película,  es el único en el que visto que un individuo puede contra un grupo de delincuentes que invaden un país para destruirlo desde dentro. Al menos Invasión USA  era una película de 1985, y manejaba el temor  a un ataque a los  EEUU de finales de la Guerra Fría por una fuerza de criminales y mercenarios, escoria del sistema Soviético (y que atacan grifos, colegios, centros comerciales, y sólo Chuck Norris puede hacerles frente y “masacrarlos”).

El problema es que Chuck Norris es un héroe de ficción, y por eso no genera daños colaterales al repartir bala, karatazo y patada a los terroristas. En el momento de un atentado hipotético, aquel tercero que eche mano de su arma tendrá que estar bien seguro de lo que hace, estar preparado, y por otro lado enfrentar las consecuencias alternas a un “error de percepción” o un “daño colateral”.

Habría que tener cuidado con esto, porque lo más probable es que los atentados de Paris generen en los  “vendedores de humo” en todo el mundo del entrenamiento en defensa y seguridad que se pueda  comenzar  a vender la idea que el dilema de la instrucción en la defensa civil es similar a ser miembro de una fuerza antiterrorista, y cuidado: Chuck Norris no va preso porque nunca se equivoca, y porque es héroe de ficción. Tal vez para aportar una solución al problema, creo que el entrenamiento civil para una crisis similar no debería separarse de los blancos de “motochorros”, de siluetas de delincuentes tomando un rehén, o en todo caso prepararse mentalmente para algo extremo similar a lo del escenario de la Masacre de Aurora, Colorado el 2012, cuando un loco, vestido de enemigo de Batman en el estreno de “The Dark Knight Rises” se puso a dispararle a todos los asistentes(esto se hallaría a lo más cercano a lo que un civil podría advertir donde está el agresor, y minimizar el equivocarse de quien es el autor de la agresión). Las ciudades de América Latina por lo pronto están más cerca de los delincuentes o de los locos, que de los yihadistas.

Aún a pesar de todo ello, un escenario similar al de Paris de este viernes 13 en algún país de América Latina del cono sur sólo sería posible en caso que el conflicto de Medio Oriente contra Al Qaeda y el ISIS escalara de forma exponencial,  e involucrara a la región a participar directamente.  Lo que sería algo probable, pero sólo posible en un por lo que parece un tiempo largo del conflicto (que tiene para rato después de París, algunos analistas internacionales señalan mínimo para 20 años).

La historia del mito de la política de desarme en el gobierno de Ollanta Humala: ¿Entre la SUCAMEC, la Venezuela de Chávez o la Argentina de Kirchner? Parte II: ¿A Dónde va la Gestión de Armas Civiles en el Perú?

En esta segunda parte del artículo, lo que se busca es analizar donde son más fuertes los préstamos en la política de control de armas que la SUCAMEC ha buscado implementar desde diciembre del 2012. Mayormente, lo que se puede encontrar es que pese a que existen influencias de las políticas de control de armas de Chile y Ecuador, los préstamos más visibles o que aportan rasgos principales son dos: Argentina de Kirchner, y la actual Venezuela de Maduro. La paradoja dentro del esquema es que ambos países tienen sendas crisis de seguridad urbana que parten de coyunturas diferentes de violencia a la que imperaría en Perú.

Venezuela ha tenido un problema de armas no registradas que masivamente y sin control han llegado a manos de la delincuencia, por otro lado a través de los años del gobierno de Hugo Chávez que malos elementos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas han estado surtiendo a la delincuencia con munición fabricada por la Compañía Venezolana Anónima de Industrias Militares (CAVIM). Por el lado Argentino, el país tiene un problema de violencia delincuencial provocada básicamente por cárteles del narcotráfico y por bandas de criminales que habrían motivado, al igual que Venezuela, que sectores de la sociedad civil en conjunto con el Estado apoyen la iniciativa de lo que sería un plan de desarme.

Desde hace varios años en Argentina se ha buscado implementar una campaña de desarme con la ayuda del RENAR – Sistema de Control Ciudadano de Entrega de Armas. La campaña tiene por nombre “Sacá el Arma de Tu casa, Sacáte un problema”  (Vision 7, 2011)”, y tendría en la comunidad en general implementar planes de desarme voluntario, fiscalizar las armas civiles en función a la tenencia y el porte de las mismas (uno separado del otro), y por último, burocratizar de forma tal la tenencia legal de armas de forma que los usuarios entiendan más que el tener una es más un problema que una solución a sus problemas de inseguridad urbana. En Argentina los cálculos del RENAR apuntan a aproximadamente a 1 millón 300 mil armas (en el país en la actualidad hay 43 millones 131 mil 966 habitantes según datos del censo del 2015). De acuerdo a cifras expuestas por el RENAR, sólo en armas de fuego se ha entregado 107.761 armas de fuego, y se han recuperado 774.679 municiones en tenencia irregular y en diferentes calibres  en un proceso que va desde el 2007 (RENAR, sf ).

En contraste con el escenario local, SUCAMEC el 2013 y el 2014 sí habría buscado burocratizar de tal forma la tenencia de armas civiles y para empresas de seguridad, que al tratar de desincentivarla como en Argentina  habría logrado el efecto inverso: miles de usuarios habrían evitado renovar sus permisos, cayendo en la irregularidad por la irracionalidad en los trámites; por otro lado, a través del Proyecto de Reglamento de la Ley # 30229 también buscaría empoderar a cualquier tercero, para de forma anónima oponerse a que a un ciudadano determinado  se le deniegue el permiso de arma de fuego. Sólo basta ver el proyecto, y hacer el contraste con la página de RENAR en Argentina, en donde salen las personas que están solicitando licencias y al costado de cada nombre en la web de RENAR cualquier tercero (inclusive con dolo, y anónimamente), puede presentar oposición. El problema es que las variables de las armas de fuego de uso civil y las armas en poder de la delincuencia no es la misma en Argentina y el Perú: RENAR calcula en más de un millón las armas en Argentina, SUCAMEC calcula en 350 mil las licencias emitidas  (El Comercio, 2015). Por otro lado, parte del conflicto que se ha creado entre SUCAMEC y los usuarios legales, es la lentitud y excesiva burocratización de los trámites para renovar o sacar licencias de armas (que interpretan maliciosamente como un intento de la SUCAMEC para provocar un desarme civil soterrado ante la caída en la irregularidad de “no estar a derecho” con la administración). La política de RENAR se ha dado desde el 2007, sí ha podido reducir de acuerdo a estadísticas un 10% de armas de fuego; SUCAMEC por su parte no ha entrado con el pie derecho ante los gremios de usuarios, y recién este mes ha llamado a una amnistía de entrega de armas, munición o explosivos,  anónima.

De acuerdo al Índice de Seguridad Pública de América Latina 2014 efectuado por FTL Consulting, Venezuela estaría enfrentada a una coyuntura crítica a la muerte de Chávez: división política, inflación galopante y colapso económico, fuerte corrupción y por último una fuerte percepción de inseguridad urbana entre los países de América Latina (FTI, 2014). Después de la muerte de Hugo Chávez en marzo del 2013, Nicolás Maduro ha asumido el poder en un país azotado por conflicto políticos serios, violencia criminal, y una severa crisis de subsistencias básicas, es por ello que buscaría alinearse agresivamente con los protocolos de desarme de UNLIREC para decrecer la violencia criminal en las principales urbes del país, y se aprobaría la Ley de Desarme y Control de Armas y Municiones del 2013 de la República Bolivariana de Venezuela.

El siguiente insumo para diseñar la estrategia de control de armas de SUCAMEC sería justamente la Ley de Desarme del 2013, hecha en Venezuela en tiempos de Hugo Chávez y bajo un contexto de crisis social más fuerte que el local. Al menos en el tema del control de munición para civiles, el Proyecto de Reglamento de Ley # 30229 en el Perú está entendiendo que todo se soluciona como en el caso de Venezuela: cincuenta municiones únicamente para temas de defensa (una antesala imagino hacia el marcaje de munición con códigos individualizados para uso civil, una idea tan abstrusa como la de colocar el registro balístico IBIS en los cañones de armas, que en otros países ya ha sido descartado).

No creo que el problema sea que la SUCAMEC explore salidas regionales al tema de control de armas civiles; el problema sería que aplique soluciones dislocadas de la realidad local. Al menos uno revisa el Human Security Report 2013 hecho por la Universidad Simon Frazer de Canadá, el mundo ha cambiado mucho desde finales de la Guerra Fría: los conflictos de guerra convencional Estado – Estado han empezado a perder protagonismo desde el final de las últimas guerras proxys, antes de la caída de la URSS. En la actualidad, los actores estatales se están enfrentando a actores irregulares, como por ejemplo grupos insurgentes, organizaciones del narcotráfico, y redes criminales estructuradas y no estructuradas. Entonces, sí es necesario controlar el flujo de armas civiles para evitar que caigan en manos de la delincuencia, aunque no sin un asidero racional, acorde con la realidad local.

Para concluir el presente artículo, desde los inicios de la campaña política que llevaría a Ollanta Humala a la presidencia el 2011 mucho se ha dicho de sus supuestos vínculos con la izquierda latinoamericana, en especial la de Venezuela de Hugo Chávez. Cada vez que el gobierno ha presentado una medida que ha sido entendida como “vertical” por sectores de la oposición en la opinión pública, lo primero que se ha hecho es recordarle al ejecutivo sus similitudes con la neo izquierda latinoamericana. Al menos, desde el caso de la experiencia de la creación de la SUCAMEC en el gobierno de Ollanta Humala como vehículo para paliar la crisis de la seguridad ciudadana, lo que tenemos es básicamente una crisis de gestión.

SUCAMEC fue creada a iniciativa del ejecutivo y del sector del interior pues tenía que poner paños fríos a la crisis local de inseguridad urbana del país. Los militares de la antigua DICSCAMEC serían reemplazados las fiestas navideñas del 2012 por los abogados de la SUCAMEC (con experiencia en temas de gestión pero nula experiencia en temas de armas civiles). Los nuevos administradores se dedicarían a empaparse de gestiones de control de armas regionales para hacer un modelo propio, pero sin adaptarlas a la realidad local, y por otro lado, sin comprender que los planes de desarme nacionales van de la mano de actores y colectivos de la sociedad civil, y no sólo con la compañía de algunos medios de comunicación en los que “rebotar noticias” o de pequeñas ONG desarmistas (que lo que buscan en el fondo más es una partida de dinero para “armar un proyecto de apoyo  desarme” y asegurar su burocracia interna antes de conocer del tema).

Las dinámicas de inseguridad urbana de Caracas en Venezuela, de Buenos Aires y Rosario en Argentina, o de Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil, o las de las urbes de Centroamérica son diferentes de las del Perú, y la experiencia fáctica demuestra que no hay planes de desarme voluntarios que no sean apoyados por la ciudadanía, representada en diversos colectivos. Al menos la implementación de los planes de desarme en Argentina y Venezuela se dió en un plazo mayor de cinco años, un  plazo que por lo que parece no es el que tendría la SUCAMEC para presentar las estadísticas que prueben en julio del 2016 con el cambio de gobierno en que medida llegó a ser efectiva, y si vale la pena que continúe como tal.

¿Qué sorpresa deparará el control de armas civiles en Perú con el tema del Proyecto de Reglamento a la Ley # 30229? No se sabe, aunque si es que la SUCAMEC no lo valida legalmente este año, simplemente tendría más problemas para hacerlo a fines del presente gobierno ya en el 2016. Bueno, sería probable que si la SUCAMEC fue el regalo de navidad del 2012 para los usuarios de armas civiles, el reglamento sea el cierre con “broche de oro” de la presente gestión. Veamos que depara el destino.

LISTA DE FUENTES USADAS EN LAS DOS ENTREGAS:

RENAR (2008). Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Buenos Aires, Argentina, RENAR. Recuperado de:

http://www.desarmevoluntario.gov.ar/plandesarme.html

Decreto Legislativo # 1127. Decreto Legislativo que Crea la Superintendencia Nacional de Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC. Diario Oficial El Peruano. Lima, 7 de diciembre del 2012.

Decreto Supremo # 007 – 98 – IN. Aprueban el reglamento de ley que norma la posesión, fabricación y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra. Lima, 1 de Octubre de 1998.  Recuperado de:

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/D10FBB08FC48CF87052579C6005BB8BF/$FILE/007-98-IN.pdf

Visión 7 (Productor). (2011). Plan de desarme: sacá el arma de tu casa, sacate un  problema (vídeo). Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=PKidvwAWwUY

El Comercio (2015, 8 de Septiembre). Trujillo: no hay sanciones por licencias de armas vencidas. Edición electrónica, disponible en:

http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/trujillo-no-hay-sanciones-licencias-armas-vencidas-noticia-1838255

Ley Para el Desarme y el Control de Armas y Municiones. Caracas, 13 de Octubre del 2013. Recuperado de:

http://www.unlirec.org/documents/mercosur/venezuela/leydesarmecontrolarmasmuniciones_2013.pdf

La historia del mito de la política de desarme en el gobierno de Ollanta Humala: ¿Entre la SUCAMEC, la Venezuela de Chávez o la Argentina de Kirchner? Parte I: ¿”DESARME CHAVISTA” O UNLIREC?

Si algo tienen que agradecer los usuarios y asociaciones de portadores de armas legales o compañías de servicios de seguridad a la SUCAMEC y al gobierno de Ollanta Humala, es que ante la crisis de inseguridad urbana de los últimos dos años, el gobierno con sus enfoques políticos de la gestión de control de armas civiles, les ha permitido agremiarse y asociarse como parte de la sociedad civil. En la actualidad, asociaciones de tenedores de armas legales, deportistas y compañías de seguridad con personería jurídica han podido sentarse colectivamente con los representantes del Estado a negociar impactos de la(s) norma(s) de control de armas. Esta era una consecuencia impensable respecto a disposiciones de control de armas previas en regímenes como los de Alberto Fujimori o Alejandro Toledo, años antes.

En realidad, el alineamiento de los gobiernos peruanos a las disposiciones del Centro de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme, y el Desarrollo en América Latina y el Caribe – UNLIREC o del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD   no son nuevos.  Ya finalizando el período de violencia política en 1998,  Fujimori daría el Decreto Supremo No 007 – 98 – IN, desde donde se buscaría regular el flujo de armas a civiles, alineándose el país  con las disposiciones de desarme del UNLIREC para América Latina. Para el Perú de ese momento, los principales cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA estarían en sendas prisiones militares, y el tema del flujo de armas a civiles en tiempos de conflictos de baja intensidad como los que experimentaría América Latina terminada la Guerra Fría era un tema que preocupaba a la ONU a nivel regional.

Lógicamente, esta sería la parte del problema que interpretada por el gobierno de Fujimori desde su lógica vertical.  En aquel momento  los militares controlarían la antigua Dirección de Control de Servicios de Seguridad y Control de Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil – DICSCAMEC. Las autoridades  del Estado interpretarían en aquel entonces las políticas de desarme civil con la entrega de armamento de guerra o de explosivos de uso militar en poder de particulares (punto favorable), pero paralelamente entenderían el control de armas legales civiles de forma especial: orientándolo a  una lógica de restricción/prohibición de calibres antes legales, pero ahora de uso “únicamente otorgado sólo a fuerzas de seguridad”, “dignatarios o personas de importancia”. Este sería el comienzo de la paranoia en los usuarios de armas, al interpretar el giro de la política de desarme y regulación de armas legales de Fujimori como un intento autoritario del régimen, que intentaba hacerles  perder su propiedad legalmente adquirida, por confiscación.

Caído el régimen de Fujimori el 2000 por una serie de escándalos de corrupción y terminado el gobierno de transición de Valentín Paniagua,  Alejandro Toledo llegaría a la presidencia el año 2001. Toledo, al igual que Fujimori buscaría alinearse regionalmente con las recomendaciones del UNLIREC y del PNUD, y por ello se promulgaría en su gobierno la Ley # 28397 y su reglamento. La norma básicamente se hallaría enfocada en la entrega de armas de corte militar en poder de civiles al Estado al igual que en tiempos de Fujimori: fusiles, subfusiles, armas de puño o explosivos que tuvieran calibre reconocidos como militares, y que se encontraran en tenencia irregular o ilegal. Como en tiempos de Fujimori, los tenedores legales de armas legales en tiempos de Toledo  volverían a interpretar  las políticas de control de armas del Estado con un fondo confiscatorio.

Al igual que la norma de tiempos de Fujimori, la gestión en la comunicación y el diseño de la Ley # 28397 en tiempos de Toledo no sería aplicada con campañas que busquen hacer interpretar a los usuarios de armas legales, que el tema eran las armas ilegales. Por otro lado, los grupos de propietarios de armas legales, interpretarían las dos normas (la de Fujimori como la de Toledo) como nuevos casos de inseguridad jurídica de parte del Estado: lo que un día es legal y permitido en un gobierno, al otro día es ilegal y confiscado el uno próximo. Recordemos que muchos de los calibres y hasta armas prohibidas entre el DS – 007 – 98 – IN con Fujimori  y la Ley # 28397 y su reglamento con Toledo, habían sido aprobados para uso civil en la crisis de seguridad que el Estado vivía para proteger a los ciudadanos en tiempos álgidos de la violencia política entre finales del segundo gobierno de Fernando Belaunde (1980 – 1985) y el primero de Alan García Pérez (1985 – 1990).

Actualmente, resulta interesante plantearnos la pregunta de porque la creación de la Superintendencia de Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC por el gobierno de Ollanta Humala a través del DL # 1127 del 12 de diciembre del 2012, ha traído tanta controversia. El ejecutivo, simplemente con la mejor intención buscaba hacer caso a la demanda en la opinión pública por seguridad, ante la crisis de violencia urbana que vivían las principales ciudades del país. En todo caso, la SUCAMEC  a diferencia de DICSCAMEC partía de otro concepto, pues Humala a través de la designación del Superintendente Nacional quería quitarle el control de armas civiles a los militares, y ahora darle esa labor a especialistas en gestión (en su mayoría abogados, que tendrían experiencia en el tema de administración, pero no en el tema de armas de fuego).

En un escenario crítico en temas de inseguridad urbana como el que asume Ollanta Humala el 2011, y que demandaba soluciones rápidas por temas de impacto en las encuestas sobre el gobierno, el ejecutivo buscaba alinearse con la solución del problema de forma inmediata, y la respuesta sería creando la SUCAMEC en diciembre del 2012. Los nuevos directivos para SUCAMEC por su parte,  entenderían el tema de control de armas y la seguridad ciudadana desde una lógica  hipercontrolista, y SUCAMEC buscaría ingresar a la política regulatoria de armas civiles por medio de un control agresivo a través de la burocratización extrema de los requisitos, para  licencias de todo tipo.

El 2013, 2014 y 2015 la institución buscaría burocratizar el flujo de autorizaciones de licencias o servicios de seguridad a tal grado que se llegarían a “cuellos de botella”, severos. Al incremento en la burocratización de las renovaciones de permisos y las licencias nuevas seguirían la longitud de los trámites y las multas. La respuesta de los usuarios de armas legales no se haría esperar, se agremiarían como no lo habrían hecho en tiempos de las normas de control de armas dadas con Fujimori o con Toledo con objeto de “plantar cara” ante la gestión de SUCAMEC. Por otro lado, el “entrampe burocrático” al que ha llegado la SUCAMEC ha determinado en los usuarios una percepción de ineficiencia en la gestión del gobierno de Ollanta Humala en el tema de control de armas ilegales y seguridad urbana, e incluso de ser sólo una suerte de “desarme civil” soterrado. Las cifras son de lo más alarmantes, si entendemos que en promedio SUCAMEC calcula en 350 mil las armas con licencias vencidas, y de acuerdo a la misma SUCAMEC 190 mil armas tendrían la licencia vencida, aunque la SUCAMEC debería reconocer que parte de esas licencias vencidas provienen de armas que fueron llevadas a renovar por sus dueños a para ponerse a derecho, pero al experimentar un infierno de trámites y requisitos antes no vistos, las pusieron a dormir en sus casas.

Las nuevas pulsiones que se han generado en el tema de control de armas con la aparición de la Ley 30229 y su proyecto de reglamento han vuelto a levantar los humos referentes al tema del derecho a portar armas, la legítima defensa o usarlas en deporte y servicios de seguridad. Muchos son los aspectos en discusión, entre ellos la racionalidad de la evaluación de las licencias de legítima defensa, la regulación en la adquisición de munición y por otro lado, la atribución que la SUCAMEC busca implantar como órgano conferido de la administración para denegar licencias por resolución (el Proyecto de Reglamento hasta ahora, tiene incluso más extensión que la misma ley, por lo que de alguna forma sería inconstitucional de acuerdo a los gremios de usuarios de armas).

En la siguiente parte del artículo, lo que se buscará es evaluar la evolución del plan de control de armas que la SUCAMEC ha tratado de sustentar, desde su creación en diciembre del 2012 hasta la actualidad. Básicamente, lo que puede adelantarse es que el plan de control de armas que se ha aplicado en Perú en el presente régimen sería una especie de “surtido”, que buscaría aplicar a la realidad local experiencias de campañas de desarme (“desarme” y no “control de armas”) de escenarios sociales de violencia y flujo de armas tan diferentes como los de Argentina y Venezuela, principalmente.

Hasta entonces.

Reseñas: Graduate Institute of International and Development Studies. Small Arms Survey 2014. Ginebra: Cambridge, 2014

El Small Arms Survey del 2014, introduce el eje temático de las mujeres como actores en los conflictos internacionales en países en desarrollo, en las políticas de seguridad, y en las agendas de implementación para protocolos de armas pequeñas. La fuente presenta análisis interesantes del impacto de la violencia en sociedades post – conflicto, como las de Liberia en África subsahariana y Nepal, en Asia.

Por otro lado, existe un análisis interesante del accidente de la explosión de los arsenales de Mpila en Brazzaville, República Democrática del Congo el 2012; el incidente, básicamente habría ocurrido  debido a un tema de gestión anárquica de municiones, cohetes, granadas y explosivos menores en este, sin respetar protocolos de seguridad o almacenamiento (sólo por esta explosión de pertrechos militares morirían en promedio 300 personas, y aún  más quedarían heridas). También el informe  hace un estudio recomendable donde se investigan las “armas de la violencia”, usadas en los conflictos de Sudán, y Sudán del Sur; entre otras cosas, lo que se vería en el caso sudanés sería una fuerte presencia de armamento y munición herencia de tiempos de la Guerra Fría en manos de los grupos insurgentes (recordemos que el ejército de Sudán, era fuertemente dependiente en tecnología de la URSS, como Somalia su vecino lo sería de la OTAN).  Es destacable también en el texto un informe que analiza la procedencia de las municiones encontradas en manos de grupos insurgentes, tanto en África como en Medio Oriente; al igual que en Sudán, parte del problema son los saldos de munición militar fabricados en la antigua Unión Soviética o sus satélites, pero también los grupos insurgentes cuentan a veces con pertrechos más modernos, procedentes mayormente de la República Popular China, o por último de fabricantes locales que importan los insumos del extranjero y ensamblan la munición en el país.

Verdaderamente un trabajo recomendable. Permite comprender como los conflictos en países en desarrollo, mayormente en África subsahariana y Medio Oriente, mantendrían aún una fuerte dependencia tecnológica a los pertrechos militares en especificaciones que pertenecían al antiguo Pacto de Varsovia. Pese a ya haberse fulminado el orden internacional de la Guerra Fría con la caída de la URSS entre 1989 y 1991, el estudio señala las secuencias negativas del flujo de pertrechos y munición indiscriminado por conflictos antiguos, impactando en el diseño de las lógicas de la violencia futura. Muchas de las armas usadas en las proxy regionales  durante  la Guerra Fría o los saldos de estas, caerían en manos de insurgentes, bandas del crimen organizado o criminales comunes, potencializando aún más su poder de dañar a terceros.

4/5 estrellas (categoría muy bueno).

Reseñas: Azar, Gat: “War and Human Civilization”. Nueva York: Oxford Press, 2006

Hace algunos años, recuerdo que llegué a este libro por la recomendación de un compañero historiador. Él me lo recomendó a la hora de preguntarme yo, porque mayormente lo historiable iba mayormente a lo concreto – como fenómenos de corto plazo o plazo intermedio –, pero pocos historiadores buscaban tratar de analizar prácticas culturales de larga data (como la guerra por ejemplo).

Normalmente, la bibliografía que ha tratado de analizar/trazar el origen de la guerra en la humanidad, apuntaba hacia la ciudad Estado o al menos a las proto – ciudades como el origen de la institucionalización de esta práctica (ciudades del III o IV milenio A.C. como las Sumerias, o ciudades proto – Estado como por ejemplo Mohenjo – Daro en el Valle del Indo). En este libro, el postulado es sumamente interesante: usando evidencia arqueológica, y revisando estudios antropológicos sobre grupos que han vivido “al margen” del control Estatal o del contacto con la “modernidad” del S. XX (como los Yanomani en América o los aborígenes de Nueva Guinea en Papua), se descubre que la guerra es tan antigua en la humanidad como los serían los cazadores recolectores del tiempo del paleolítico, y la producción de instrumentos culturales de piedra.

El texto es recomendable, y le doy cinco estrellas de cinco, entre otras cosas porque destruye el mito de que la guerra como la entendemos es producto de la codicia por los excedentes alimentarios, producto de la revolución neolítica, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, y por otro lado, del surgimiento de los primeros Estados (en los que una clase dirigente se erigiría para administrar estos recursos). Entonces, la guerra habría nacido desde las primeras bandas paleolíticas, desde las cavernas, y no desde las estructuras estatales que se originarían en las ciudades – Estado de la  Media Luna Fértil o el Valle del Indo, en donde las poblaciones supuestamente vivirían apiñadas en sus muros (buscando protección de merodeadores).

Un trabajo ecléctico, interesante, de verdad una obra capital para entender un proceso tan complejo como la guerra en la historia de la humanidad.

Películas: “Beasts of No Nation” (Cary Fukunaga, 2015)

Ficha Técnica

Título: «Beasts of No Nation» (Año: 2015).

Director: Cary Fukunaga

Duración: 137 minutos

Esta película recientemente estrenada en televisión por Streaming es una herramienta válida, que busca explorar desde la ficción el dilema de las guerras civiles en África. La libertad con la que Fukunaga pudo enfocar la película nos permite comprender como  es el dilema de un muchacho africano, que escapa de la violencia y la muerte de parte de su familia para terminar siendo raptado, y volverse un niño soldado en una facción tribal rebelde, que libra una guerra civil con las fuerzas del Estado.

Y es que la característica particular que ha determinado las guerras civiles  post guerras de descolonización en África es severamente compleja: facciones tribales, gobiernos parroquiales, minorías étnicas antiguamente empoderadas que después son depredadas por mayorías étnicas que toman el control político de Estados incipientes. Históricamente, conflictos como la crisis y la Guerra del Congo (1960 –  ), la guerra de Nigeria y la escisión de Biafra (1968 – 1970), la Guerra Civil en Angola (1975 – 2002), o el caso de la crisis humanitaria de Ruanda (1994), o la Guerra Civil Liberiana de 1997 al 2003 (bautizada como la “Guerra del Caníbal” por la cadena de noticias Vice News), en fin entre los mejores ejemplos.

Los sistemas políticos instaurados en África después de la descolonización y el final de la Guerra Fría han llegado a lógicas particulares, por la propia característica tribal y étnica de los habitantes de sus diversos países (diseñadas sus fronteras después de la independencia, separando grupos étnicos, al igual que en Medio Oriente). Parroquialismo político, cleptocracias, corrupción, o empoderamiento étnico exclusivo han sido características de la historia de los últimos gobiernos africanos post Segunda Guerra Mundial (algunos de ellos inclusive ingresarían a la lógica de “Estado Fallido”, a finales de la Guerra Fría entre 1989 y 1991).

En fin, vale la pena ver la película. Recomendable. Disponible en NETFLIX (hay un mes gratis de prueba antes de afiliarte).